By gestionsigwebNoticias
Reformas a Organismos Administradores de la Ley N° 16.744
Cinco proyectos componen la batería de modificaciones legales:
Primera reforma en cuarenta años les costaría US$ 120 millones a las mutuales
Directores de estas entidades no podrán estar más de nueve años en el cargo y sus dietas tendrán un límite de UF 50. Pablo Obregón Castro
El accidente que en 2010 dejó a 700 metros bajo tierra a los 33 mineros de la mina San José abrió una caja de Pandora que aún no se cierra. Entonces, el Gobierno anunció una batería de modificaciones legales para reformar la seguridad laboral, que significarán el primer ajuste de relevancia que experimenta esta actividad desde 1968.
“Un verdadero big bang regulatorio” se avecina, según el presidente de la Asociación de Mutuales de Chile, Ernesto Evans. De hecho, un estudio que realizó una mesa técnica de este gremio en 2012 revela que los cambios que se están tramitando representarían obligaciones económicas para esta industria de al menos $60 mil millones (unos US$ 120 millones).
El sistema está compuesto por tres actores: la Asociación Chilena de Seguridad (AChS), vinculada a la Sofofa; la Mutual de la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST), vinculada a industriales de la Quinta Región. Entre las tres administran el seguro de accidentes y enfermedades laborales que cubre a más de tres millones de chilenos.
Las empresas afiliadas a cualquiera de las tres mutuales pagan, en promedio, el 1,62% de la renta imponible de cada uno de sus trabajadores. Con esto, la industria de las mutuales capta más de US$ 1.000 millones anuales, con lo cual financia la cobertura médica de los trabajadores que sufren enfermedades o accidentes laborales, paga pensiones de invalidez y sobrevivencia para los que no logran volver al trabajo debido a incapacidades originadas por estos siniestros y hace programas de prevención.
Los cambios comenzaron a cimentarse porque si bien el sistema muestra luces, también tiene sombras. Por ejemplo, hay 800 mil personas, principalmente empleadas domésticas y obreros de micro y pequeñas empresas, que no acceden a las mutuales.
También hay reparos respecto al costo de este seguro. Un estudio de S&W Consulting -realizado a instancias de la Superintendencia de Seguridad Social- advierte que la cotización básica podría bajar algunas décimas y seguir siendo suficiente para cubrir los gastos mínimos.
Según el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, el Gobierno organizó la reforma en torno a cinco proyectos fundamentales, que buscan mejorar la cobertura y calidad del servicio que prestan estas organizaciones. El más importante: el que incorpora obligaciones para sus directores y ejecutivos equivalentes a las que se exigen a sus pares de las sociedades anónimas abiertas.
Modernizar los gobiernos corporativos
El proyecto sobre gobiernos corporativos de las mutuales (actualmente en la Cámara de Diputados) establece que sus directores no podrán estar más de nueve años en el cargo; las dietas que obtienen no podrán superar las UF 50 al mes; los directivos no podrán participar en la propiedad de empresas relacionadas; y todas las compras que realicen las mutuales por sobre UF 10 mil tendrán que ser informadas a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
Además, se establecen exigencias financieras adicionales: “Tenemos que crear un fondo de reserva si es que hay un accidente masivo y tenemos que dar una pensión a muchísimos trabajadores. Pero el Gobierno está preparando otro proyecto sobre financiamiento (que podría bajar los ingresos de las mutuales). Estos temas hay que verlos en conjunto”, señala Evans.
El proyecto también establece que cualquier gasto que realicen las mutuales sobre 10 mil UF tiene que ser consultado a la Superintendencia de Seguridad Social. “Vamos a llenar de papeles a la Superintendencia para justificar la compra de camillas o de ambulancias”, critica Evans.
Para Augusto Iglesias, en cambio, las modificaciones que el gobierno propone están lejos de poner en riesgo la estabilidad de las mutuales: “Es un cambio grande, pero que mantiene el ADN del sistema”, asegura.
Límites a sociedades relacionadas
Las mutuales son organizaciones sin fines de lucro, y sus dueños -gremios empresariales- también. Por tanto, las utilidades que obtienen por su participación en sociedades relacionadas deben reinvertirse íntegramente en los servicios de las propias mutuales. Los socios particulares de esas sociedades relacionadas, en cambio, sí pueden retirar excedentes.
La senadora de la Democracia Cristiana Ximena Rincón fue superintendenta de Seguridad Social durante el gobierno de Ricardo Lagos, y recuerda que ya en ese momento el tema generaba inquietud: “Regulamos, por ejemplo, el tema de los hospitales y determinamos que las mutuales no podían ceder el porcentaje mayoritario en su propiedad”, señala.
Para el integrante de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade -instancia que se reunió el martes para discutir este proyecto en particular-, los cambios propuestos por el Gobierno apuntan en la dirección correcta, pero no resuelven del todo los conflictos de intereses que pueden presentarse en este sistema.
A su juicio, las mutuales deberían tener giro único (administración del Seguro de Accidentes y Enfermedades Laborales) y establecerse contrafuertes para que no haya integración con empresas coligadas. “Yo no quisiera que se repita lo que pasó en las universidades”, dice.
La imposibilidad de invertir en empresas coligadas tendría un efecto financiero importante. De los $31.127 millones en excedentes que obtuvieron las tres mutuales en 2011, casi el 30% se explica por inversiones en empresas relacionadas.
Para Iglesias, en cambio, los eventuales conflictos de intereses estarán bien controlados con el proyecto que propone el Gobierno: “Estamos poniendo mucha atención para ver qué relación puede haber entre los que administran la mutual y las sociedades relacionadas, de tal manera de asegurar que si la mutual firma un convenio con una clínica que pertenece en un 10% a un director de la mutual, la transacción sea en condiciones de mercado”, advierte.
El efecto de imponer giro único
La imposición de giro único es uno de los temas que más preocupan a los directivos de las mutuales. Como estas instituciones tienen capacidad hospitalaria ociosa, venden servicios clínicos a personas particulares -por ejemplo, personas que se accidentan jugando fútbol y que prefieren operarse en uno de estos hospitales, y no en una clínica- al margen de los pacientes que llegan por accidentes del trabajo y enfermedades laborales. Estas prestaciones le reportaron $63.355 millones al sistema durante 2011 (US$ 134 millones), equivalentes al 12% de sus ingresos totales.
Los nuevos costos previsionales
Las mutuales pagan pensiones de invalidez y sobrevivencia a más de 20 mil personas que, tras accidentarse o sufrir alguna enfermedad invalidante, no pudieron reintegrarse al mercado laboral. Esta pensión, que en promedio asciende a $144 mil mensuales, se paga hasta que el beneficiario cumpla 65 años si es hombre y 60 años si es mujer. En ese momento, termina la pensión de invalidez y las personas pasan al sistema de AFP.
El problema es que durante el periodo de invalidez esas personas no cotizaron en la AFP y, por lo tanto, las pensiones que reciben al momento de cambiar de sistema suelen ser menores.
La preocupación de las mutuales -según Evans- es que el proyecto del gobierno las obligue a hacerse cargo de financiar esa diferencia sin señalar de dónde provendrán los nuevos recursos.
LOS GASTOS de las mutuales por sobre 10 mil UF tendrán que consultarse a la autoridad.
Emol marzo de 2013
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