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Seguridad minera: Una gran oportunidad

Está en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley sobre Seguridad e Institucionalidad Minera, que en parte importante fue respuesta a la preocupación nacional -tras la crisis de los 33 mineros- por contar con una moderna y eficiente regulación para la protección de la vida y la salud de los trabajadores de toda la industria minera.

En lo esencial, a partir del actual Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín), que deja de existir, el proyecto da origen a una Superintendencia de Minería como organismo principalmente orientado a la fiscalización del cumplimiento de la regulación de seguridad minera, y adicionalmente crea el Servicio Geológico de Chile. En su redacción original el proyecto también contemplaba el traspaso de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) al Ministerio de Minería, lo que en el proceso de tramitación legislativa afortunadamente se descartó.
Cabe consignar que en términos globales la Minería es el sector productivo con las tasas de accidentabilidad más bajas del país, la que en el año 2010 no superó el 2%. Dentro de este sector, las 16 empresas mineras de mayor tamaño que operan en Chile, tanto públicas como privadas, reunidas en el Consejo Minero, lograron que dicha tasa fuera tan solo de 0,39% en el mismo período. Esto ha sido fruto de un compromiso y esfuerzo permanentes por implantar los más altos estándares de seguridad, lo que nos llena de orgullo, y a la vez nos obliga a continuar trabajando para que la meta de cero accidentabilidad sea una realidad en el corto plazo.
Faltando algunos trámites legislativos para la aprobación definitiva del Proyecto de Ley sobre Seguridad e Institucionalidad Minera, creemos que existe espacio para perfeccionarlo aun más. En este sentido, resulta aconsejable liberar a la nueva Superintendencia de aquellas funciones que no tienen directa relación con la seguridad minera que se pretende proteger, evitando de esta manera que se reproduzcan en ella las sobrecargas de trabajo que hoy se presentan en el Sernageomín.
Por otra parte, en el afán por perfeccionar el proyecto, es importante evitar conflictos de competencias que, de mantenerse la actual redacción, se producirían entre la Superintendencia y otros organismos que realizan labores de fiscalización y sanción de temas de trabajo y salud en faenas mineras.
Adicionalmente, para asegurar un debido proceso a todos los involucrados, sugerimos que se establezca un tribunal especializado, un panel de expertos u otra instancia similar, al que los fiscalizados puedan solicitar la revisión de las decisiones de la Superintendencia, tal como se ha consagrado en la nueva institucionalidad medioambiental.
La Ley de Seguridad e Institucionalidad Minera puede ser, sin duda alguna, un hito en la seguridad laboral del país y una oportunidad para transferir a otras actividades productivas las prácticas que en seguridad y salud laboral han implementado exitosamente las empresas mineras de clase mundial. Esperamos que no se pierda esta oportunidad.
Jueves 22 de Diciembre de 2011

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