La normativa busca fortalecer la integración de personas con
discapacidad en el ámbito laboral. Las empresas deben ajustar
políticas, procesos y capacitaciones para cumplir con los nuevos estándares.
La entrada en vigor de las modificaciones a la Ley de Inclusión Laboral, establecidas por la Ley
N° 21.690, plantea nuevos desafíos para las empresas en Chile. A partir de enero de 2025, las
organizaciones con más de 100 personas trabajadoras deberán contratar al menos al 2% de
trabajadores con discapacidad, duplicando la cuota mínima actual. Esta medida, que busca
fomentar la integración de personas en situación de discapacidad en el ámbito laboral,
introduce también sanciones más estrictas y un enfoque renovado en las políticas de inclusión
corporativa.
El plazo para cumplir con estas nuevas disposiciones es inminente, y muchas empresas aún
están ajustando sus procesos internos para garantizar el cumplimiento. “Según la última
modificación reglamentaria de las normas de inclusión laboral, introducida por el Decreto N°
36, para la comunicación electrónica de enero de 2025, las empresas deberán informar el
cumplimiento de la contratación de al menos el 1% de personas en situación de discapacidad
en el periodo entre noviembre de 2023 y octubre de 2024″, explicó Matías Poblete, presidente
de la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD).
Este cálculo se basará en el promedio mensual de las cotizaciones por accidentes laborales
pagadas durante dicho periodo. Además de la cuota obligatoria, las organizaciones deberán
presentar una política de inclusión laboral actualizada, que incluya diagnósticos
organizacionales, planes de acción y capacitación, y un registro detallado de la trayectoria
laboral de los trabajadores con discapacidad.
El próximo mes de enero, las empresas privadas con 100 o más trabajadores(as) deberán
presentar a la Dirección del Trabajo su informe anual de cumplimiento, “el documento debe
contener cualquier desvinculación y acreditar la condición de discapacidad de los empleados
reportados.
También será obligatorio identificar al gestor o gestora de inclusión laboral”, añadió Poblete.