By gestionsigwebNoticias
Los cambios que traerán más competencia al mercado de las mutuales.
Estos cambios generan tal inquietud en las mutuales que el gremio está trabajando para que el gobierno postergue las modificaciones más polémicas para unos seis meses más.
El 13 de octubre de 2010 se produjo uno de los rescates más asombrosos en la historia de la minería: después de tres meses atrapados bajo 700 metros de profundidad, los 33 mineros de Atacama volvieron indemnes a la superficie, a través de un angosto ducto excavado en la roca.
Las celebraciones se extendieron por todo el país, pero no alcanzaron a disimular la evidencia de un sistema de seguridad que algunos consideran excluyente y en el que hay poca competencia. En los próximos meses, cuando se conmemore el segundo aniversario del rescate, el tema reflotará en la agenda y el gobierno aprovechará la ocasión para presentar los detalles de una reforma integral del sistema, lo que genera inquietud en las mutuales.
En lo esencial, el plan de la autoridad elimina la distinción entre empleados y obreros. Mientras los primeros (unos cuatro millones de trabajadores) pueden cotizar y acceder a la red de clínicas de las mutuales, los obreros no. Se trata de unas 800 mil personas -200 mil empleadas domésticas, por ejemplo- que son cubiertas por el Instituto de Seguridad Laboral del Estado (ISL) y que, en caso de accidentarse, sólo pueden concurrir a la red pública de hospitales.
Ingresan las clínicas
De aprobarse la reforma, esa desaparecerá, con lo cual el Estado podrá enviar a esas personas a las mutuales o a las clínicas privadas. Estas últimas podrán competir en las licitaciones que el Estado realice cuando compre servicios médicos.
En materia de financiamiento, los cambios también serán profundos: el sistema actual se financia con las cotizaciones que los empleadores efectúan a base del sueldo imponible de todos sus trabajadores. La cotización posee dos componentes: una cotización básica del 0,90% del sueldo base y una cotización adicional que se define en función de la siniestralidad real.
Ahora, el gobierno pretende incorporar un tercer componente: una cotización idéntica para todas las empresas de un mismo sector, de modo que se prorratee el riesgo de las grandes compañías -probablemente menor- con el de las más pequeñas. Es este último detalle el que genera diferencias de opinión.
El presidente de la Asociación de Mutuales, Ernesto Evans, considera que el actual mecanismo de financiamiento no debería modificarse en lo inmediato: “Lo que nos preocupa del modelo de financiamiento que se está proponiendo es que, al estar basado en las acciones de conglomerados, generará un desincentivo para las empresas que, a pesar de hacerlo bien, las gravarán por estar en un sector riesgoso”, dice.
Estos cambios generan tal inquietud en las mutuales que el gremio está trabajando para que el gobierno postergue las modificaciones más polémicas para unos seis meses más y en octubre próximo presente una suerte de ley corta que no toque el financiamiento: “Una empresa que no ha tenido accidentes, podría tener una prima mayor”, dice Evans.
Una opinión distinta tiene el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, quien considera que, con esta fórmula, las grandes empresas -que son las que suelen tener mejores prácticas- tendrán un incentivo para ayudar a otras firmas de su industria a mejorar sus estándares.
¿Nuevas mutuales?
Históricamente, se entendió que las mutuales estaban obligadas a invertir en infraestructura propia, porque ni las clínicas ni los hospitales de la red pública tenían capacidad ociosa para hacerse cargo de los accidentes y enfermedades del trabajo. Eso ha ido cambiando y hoy las propias mutuales prestan una buena parte de sus servicios con terceros, dice Iglesias.
En la práctica, eso significa que hoy un grupo de empresarios podría crear una nueva mutual con una sola sede, pero siempre y cuando estuvieran dispuestos a administrar el seguro en su integridad: “El sistema no sólo entrega prestaciones médicas, sino también beneficios económicos, paga pensiones y hace prevención. Se evaluó dividir el seguro, pero no es lo adecuado para Chile”, aclara Iglesias.
Emol
Agosto de 2012
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