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Empresas se preparan para fiscalizaciones de la Superintendencia de Medio Ambiente.

Ya son 600 las firmas que se han comprometido con el cumplimiento de las normas ambientales. La puesta en marcha del nuevo ente fiscalizador se producirá a fin de año.

Pese a que aún no inicia sus funciones, el trabajo de la Superintendencia de Medio Ambiente por estos días es arduo, ya que está preparando todo lo necesario para la puesta en marcha del nuevo ente fiscalizador, lo que se estima se producirá a fin de año.

Esto, porque es necesario que pasen seis meses desde la publicación de la ley que creó los nuevos tribunales ambientales para que pueda ejercer sus funciones fiscalizadoras y sancionatorias.

Según el superintendente de Medio Ambiente Jaime Lira, “hoy la ley (que crea los tribunales ambientales) está en el Tribunal Constitucional. Debiera ser evacuado su informe en los próximos días y de ahí lo único que queda es su publicación en el Diario Oficial. Pasan seis meses y entra operar el primer tribunal ambiental (en Santiago) y con eso empieza nuestra labor fiscalizadora”.

Mientras tanto, la Superintendencia ha estado suscribiendo convenios con el sector privado para difundir la labor del organismo y capacitar a ejecutivos y profesionales para el cumplimiento de las leyes ambientales.

Según Lira, ya son 600 las empresas que han entregado al regulador sus resoluciones de calificación ambiental, por lo que “podemos decir que un número importante de compañías ya saben perfectamente lo que tienen que cumplir en materia medio ambiental”.

En este contexto, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) firmó este viernes con la Superintendencia de Medio Ambiente un convenio para el uso del Sistema de Carga Distribuida de Compromisos Ambientales.

Si bien aún se está trabajado en los reglamentos que definen el margen de operatividad del ente fiscalizador, el superintendente Jaime Lira señaló que se va a estudiar la opción de que se informe al mercado –vía hechos esenciales- el incumplimiento de la normativa ambiental por parte de alguna empresa.

“Es un punto a considerar, podríamos ponernos de acuerdo con otras superintendencias (con la SVS por ejemplo) para que se puedan tomar acciones ante faltas graves a la ley de bases del medio ambiente”, adelantó.

Dentro de sus facultades, la Superintendencia de Medio Ambiente podrá aplicar multas en dinero de hasta 10.000 UTA (US$9,2 millones). También podría solicitar el cierre temporal o definitivo de determinada empresa con irregularidades

por Juan Pablo Palacios – 13/05/2012 – 12:03

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